El Pleno del Ayuntamiento rechaza debatir la inclusión del pago de sentencias judiciales de anteriores legislaturas en el Plan de Ajuste

El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha rechazado hoy debatir la inclusión en el Plan de Ajuste del pago de tres sentencias judiciales por incumplimientos de anteriores legislaturas. Cambiemos Parla y Mover Parla han votado en contra de la urgencia de este Pleno extraordinario, por lo que se han negado a siquiera debatir en sesión plenaria la posibilidad de incluir el pago de estas sentencias en el Plan de Ajuste. Sólo Partido Popular, PSOE y una concejala no adscrita han votado a favor, mientras que IUCM-LV se ha abstenido.

La fecha tope marcada por el Ministerio de Hacienda era hoy

El Ministerio de Hacienda había marcado hoy, 22 de agosto, como plazo máximo para adherirse a un Plan de Ajuste 2018-2027 en el que se podía incluir el pago de sentencias judiciales desfavorables para poderlas hacer frente a corto plazo.

El portavoz del PP y concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ha explicado en el Pleno que “el Ayuntamiento de Parla se encuentra suscrito desde hace tres años al Fondo de Ordenación 2014, y de cara a la nueva disposición que ha lanzado el Ministerio de Hacienda de un Fondo de Ordenación 2018, en el que se podrían contemplar sentencias que obligaran a este Consistorio a abonar cantidades económicas que pusieran aún más en riesgo la situación financiera, hemos propuesto la adhesión a este nuevo Fondo”.

“Hemos incluido tres sentencias que son bastante importantes y considerables para las arcas municipales (por valor de más de ocho millones de euros). La urgencia viene motivada por esta necesidad que considera el Gobierno y ante la necesidad de adherirnos al Fondo de Ordenación que finaliza hoy el plazo”, ha expuesto Zarzoso.

Mover votó en contra sin estar presente al inicio del Pleno

La sesión plenaria dio comienzo a las 12:30 horas y en esos momentos ningún concejal de Mover Parla se encontraba en el Salón de Plenos. El alcalde presidente, Luis Martínez Hervás, dio inicio al Pleno, cedió la palabra al concejal de Hacienda para que realizase la exposición de motivos, y comenzaron las votaciones, sin que hubiera edil alguno de Mover Parla presente.

La concejala no adscrita, Carmen Pumar, votó a favor de la urgencia; el portavoz de IUCM-LV, Jesús Saiz, se abstuvo; y justo en el momento en el que llegaba el turno a Mover Parla su portavoz, Beatriz Arceredillo, cogió el micrófono, todavía de pie, para emitir un lacónico “no” a la urgencia de la celebración del Pleno extraordinario.

El PSOE ha votado a favor de la urgencia “al entender que al vencer hoy el plazo la urgencia sí esta justificada”; mientras que Cambiemos Parla ha votado en contra al argumentar que habían recibido informes hoy mismo y que no fueron informados hasta ayer de que el Ministerio de Hacienda había denegado una prórroga para adherirse a este nuevo Plan de Ajuste.

Se trataba de incluir sentencias judiciales perdidas por un importe “inasumible”

De esta forma, al no haber sido aprobada la urgencia por mayoría, el Pleno extraordinario no ha podido celebrarse y ni siquiera se ha podido debatir sobre la posibilidad de incluir el pago de tres sentencias judiciales desfavorables en el Plan de Ajuste.

En su propuesta, el concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, sostenía “la necesidad de poder hacer frente a corto plazo a nuevas responsabilidad económicas fruto de sentencias judiciales desfavorables, tremendamente gravosas para esta ciudad y derivadas de litigios abiertos por anteriores equipos de Gobierno”.

“Con la aprobación de esta propuesta se haría frente al pago de resoluciones judiciales que en estos momentos, debido al elevado importe económico que suponen, son inasumibles para el Consistorio”, añadía en su propuesta José Manuel Zarzoso.

Las tres sentencias perdidas ascienden a más de ocho millones de euros

Las tres sentencias judiciales perdidas, correspondientes a incumplimientos de anteriores equipos de Gobierno, que iban a incluirse en el Plan de Ajuste son: Condena del Juzgado Contencioso Administrativo número 19 de Madrid por 6.083.599,32 euros por la construcción de la Plaza de Toros de Parla que fue inaugurada en el año 2003 fruto de un convenio urbanístico que jamás llegó a ejecutarse por los anteriores gobiernos y que trae como consecuencia este grave varapalo a las arcas municipales.

Condena del Juzgado Contencioso Administrativo número 23 de Madrid por el que el Ayuntamiento de Parla debía abonar 1.227.440 euros a la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica SAU por consumo eléctrico no pagado. En la actualidad la empresa citada ha aceptado un pago fraccionado a 36 meses, de los que ya se han abonado nueve, que suponen a las arcas públicas 35 mensualidades de 34.123,33 euros y una más de 33.123,45 euros. Se solicitaba incluir en el nuevo Plan de Ajuste 886.206,70 euros pendientes de abonar.

Por último, la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 29 de Madrid por reclamación de pago de la empresa Cofely por un importe de 1.044.635,86 euros por servicios prestados en la pasada legislatura 2011-2015. Hay que recordar que Cofely y los responsables de su contratación se encuentran siendo investigados por la Audiencia Nacional dentro de la pieza judicial denominada como “Púnica”.

Estos ocho millones de euros deberán salir de las arcas municipales

El concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ha explicado que “el objetivo del equipo de Gobierno era pagar estos ocho millones de euros a través del Plan de Ajuste, con un crédito a bajo interés”.

“Sin embargo ahora, tras el rechazo del Pleno, deberá pagarse a través del Presupuesto ordinario del Ayuntamiento. Esto significa que tendremos que rebajar aún más los gastos, que ya se han reducido un 15% sólo el último año, o aumentar los ingresos para poder hacer frente a estos cuantiosos pagos, que además son heredados de anteriores Gobiernos locales”, ha lamentado el edil de Hacienda.

Hay otras 48 sentencias que no iban a ser incluidas

José Manuel Zarzoso ha concluido recordando que “hay otros 48 procedimientos judiciales que no solicitamos incluir en el Plan, ya que son relativamente asumibles por este Consistorio, como tampoco pedimos incluir en el Plan el coste de las sentencias judiciales por la readmisión de los trabajadores municipales despedidos en 2011, que el actual Gobierno ha abonado entre 2015 y 2016, ni las relativas a la paga extraordinaria de 2012, que el Ejecutivo local ha pagado a los trabajadores municipales este mes”.