El Ayuntamiento de Parla vuelve a pedir a la Comunidad de Madrid que aplique la Ley de Dependencia

La moción expone que, según datos del Observatorio de la Dependencia del IMSERSO, a fecha de 1 de septiembre, la Comunidad de Madrid sólo ha tramitado 46.117 solicitudes y la prestación se ha concedido a 20.343 solicitantes.

En Parla, según ha explicado la portavoz del grupo municipal socialista, Laura Cillero, “creemos que de los alrededor de 1.000 dependientes que hay en el municipio, sólo se han tramitado 70 solicitudes. Aunque son cifras que no podemos confirmar porque la Comunidad de Madrid no nos las facilita, ni nos da ningún tipo de explicación”.

Además, el consejo Territorial de Dependencia ha aprobado adelantar a octubre los trabajos de evaluación previstos para el próximo año, con el fin de llegar a acuerdos para mejorar la implantación de la Ley. Pero, la base de datos compartida por todas las administraciones adscritas es incompleta y está mal elaborada, por lo que debería actualizarse.

“En Madrid, apenas atiende con prestaciones y servicios a 17.600 personas dependientes, el 3,9%, cuando la población dependiente es del 14%. Desde luego, el Partido Popular se debe avergonzar de estos datos pero, sobre todo, se debe avergonzar de utilizar la Ley de dependencia, que supone el cuarto pilar de la sociedad de bienestar para hacer oposición al gobierno socialista, paralizando y retrasando su aplicación, como están haciendo en Madrid. No es de recibo”, ha añadido Cillero.

Por ello, el Ayuntamiento solicita a la Comunidad de Madrid que dote a los Ayuntamientos de medios humanos, técnicos y económicos para poder atender a las personas dependientes en sus municipios, ya que hasta el momento no han recibido ningún apoyo ni aportación.

La moción también solicita al Gobierno Rrgional la elaboración urgente de una base de datos compartida de personas dependientes, y la creación de un Plan de Infraestructuras y Equipamientos –Centros de Día, Residencias, etc.- para atender a los dependientes en función de sus necesidades y no sólo de sus recursos.

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado instar al Gobierno de España a que ejerza su función de garantizar las prestaciones de la Ley en el conjunto de las Comunidades Autónomas y, especialmente, en la Comunidad de Madrid, donde la demora en su aplicación es especialmente notoria.