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El Ayuntamiento de Parla solicita al juez del caso Púnica que los imputados paguen 850.493 euros de facturas abonadas a Cofely

El Consistorio exige que lo abonen mediante una fianza en el plazo de un mes o, de lo contrario, se decrete el embargo de sus bienes
26/05/2016
El Ayuntamiento de Parla solicita al juez del caso Púnica que los imputados paguen 850.493 euros de facturas abonadas a Cofely

Alumbrado en Parla

El Ayuntamiento de Parla ha solicitado al juez Eloy Velasco, que instruye la denominada “Operación Púnica”, que la empresa Cofely España SAU y los 16 responsables imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación a esta compañía paguen al Consistorio, a través de una fianza, 850.493 euros en concepto de facturas abonadas a la citada empresa. Además, los abogados que representan al Ayuntamiento de Parla justifican al juez su derecho a la devolución del 100% del coste pagado a Cofely, con intereses, en el caso de que se demuestre judicialmente el cobro de comisiones.

Solicita que las cantidades sean devueltas en el plazo de un mes

Los abogados que representan al Ayuntamiento de Parla han pedido una medida cautelar de suspensión mediante un escrito que han solicitado que sea admitido por el juez. El escrito fue remitido al Juzgado el 9 de mayo y se pide que “en el término de un mes y de forma solidaria, presenten fianza (los 16 imputados), de cualquiera de las formas admitidas en Derecho, con el apercibimiento de que si no presentaran la misma en el término fijado, se decretará el embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma (850.493 euros)”.

El Ayuntamiento realizó esta reclamación al juez de la Audiencia Nacional, a quien ya solicitó en el mes de diciembre autorización para suspender el pago de las facturas que Cofely reclamaba a Parla por el contrato de eficiencia energética adjudicado presuntamente de manera irregular en el año 2013.

Evitar que Cofely siga cobrando las facturas por un contrato presuntamente irregular

Según el escrito enviado al juez, el Ayuntamiento argumenta que su objetivo es “evitar la perpetuación de los resultados del delito, pues en caso contrario el justiciable, en este caso nada menos que una de las víctimas (el Consistorio parleño), observaría con estupor que, por mucho que esté abierta una instrucción en la que se recogen indicios de ser delictivo un contrato, se sigue dando cumplimiento” al mismo.

La empresa ha reclamado judicialmente a través del Contencioso-administrativo el pago de las facturas por la prestación del servicio de eficiencia energética y varios tribunales han dictado sentencias que condenan a los Consistorios a pagar las cantidades adeudadas, independientemente de la continuación del proceso que dirime si hubo irregularidades en las adjudicaciones.

El Ayuntamiento busca una fórmula para evitar el perjuicio de sus vecinos

Por ello, el Ayuntamiento argumenta ante el juez que “no existe ninguna otra fórmula tendente a evitar el pago de tales facturas” al haberse desestimado la “excepción de prejudicialidad penal”, es decir, que predomine el proceso penal sobre el civil y el pago quede supeditado a la resolución del primero.

En este sentido, el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, José Manuel Zarzoso, ha señalado que “nuestros abogados piden una medida cautelar de suspensión que consideramos que es justa, ya que este contrato podría ser declarado nulo, por el tejemaneje oculto que conlleva y los presuntos casos de corrupción existentes, y los vecinos de Parla no debemos asumir estos gastos que no se han producido para beneficiar a la ciudad”.

Un caso similar al de Fórum Filatélico y Afinsa

El objetivo del Ayuntamiento de Parla es impedir con estas medidas que Cofely “investigada precisamente por hechos supuestamente delictivos en relación con la adjudicación del contrato, siga percibiendo los beneficios de un contrato presuntamente incurso en causa de nulidad radical como consecuencia de la comisión de un posible delito”.

El escrito pone como ejemplo la suspensión cautelar de los contratos de los depósitos y pagos aplazados en los casos de las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

16 imputados relacionados con Parla en la Operación Púnica

En cuanto a las cantidades que ya se han pagado, y que superan los 850.000 euros, el Ayuntamiento solicita que sean restituidas por las 16 personas imputadas en la investigación como presuntos implicados en el supuesto amaño del concurso público en Parla. Entre ellas, los directivos de la compañía Constantino Álvarez, Didier Maurice y Pedro García Pérez; el ex alcalde socialista José María Fraile; su jefe de Gabinete, Antonio Borrego Fortea; la ex concejala de Obras, Victoria Sánchez Agüera; y el presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, y su secretaria, Ana María Ramírez.

El juez ya sugirió a los Ayuntamiento afectados por la Púnica que no paguen facturas

Por ahora, el juez Velasco ha dictado una providencia mediante la cual invita a los Ayuntamientos afectados por la trama Púnica a no pagar las facturas emitidas por Cofely, poniendo en relevancia la existencia de indicios de irregularidad que, según el magistrado, “pueden originar los procesos de revisión o suspensión”.

El contrato con Cofely se rompió el 18 de febrero

El juez dio esta respuesta al Ayuntamiento de Parla después de que “este Consistorio, en diciembre de 2015, solicitase al juez Velasco que nos indicara qué facturas debíamos abonar y cuáles no, debido a la compleja situación judicial de Cofely. Esto nos llevó a no pagar a esta empresa y por ello en febrero de este año se rompieron las relaciones y Cofely dejó de prestar servicio en Parla”.

Desde entonces, en el Ayuntamiento de Parla los servicios que prestaba Cofely han sido asumidos por la empresa Galp (el servicio de gas); Iberdrola (el suministro eléctrico); e IMESAPI (el mantenimiento del alumbrado público) mediante una adjudicación provisional, a la espera de que se convoque un nuevo concurso público.

Un contrato de más de 54 millones de euros

Según los datos revelados de la investigación llevada a cabo por la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, existen elementos de prueba que acreditarían que el contrato concedido por el Ayuntamiento de Parla a Cofely en junio de 2013, por más de 54 millones de euros y durante quince años, habría sido amañado de antemano a cambio de contraprestaciones económicas (comisiones dentro del contrato) a través de David Marjaliza y su entramado empresarial.

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