Alcalde

Buenas tardes, amigo y amigas:

Siguiendo los pasos de la Constitución Francesa de 1791 y de las españolas de 1812 y 1931 veía la luz, hace ya 31 años, nuestra Carta Magna, una Ley fruto del diálogo y el acuerdo de todos los españoles.

Aunque en otras ocasiones hemos reflexionado sobre aspectos más genéricos de la Carta Fundamental de 1978, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos temas que considero esenciales: qué es lo aporta la Constitución a nuestra vida cotidiana, qué es lo que de verdad hace de ella una norma enriquecedora y necesaria para el conjunto de los ciudadanos y qué es lo que garantiza su vigor y vigencia hoy día.

Como ya sabéis todos, la finalidad de nuestra Constitución, como en el resto de los países democráticos, es la de dar estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público desde los órganos de gobierno.

Ahora bien, para que su contenido tenga valor jurídico y normativo debe ser aprobado por los ciudadanos. Es decir, una constitución democrática debe ser fruto del consenso entre la población y quienes elaboran la Ley. Es lo que conocemos como pacto social o pacto constituyente.

La permanencia de este acuerdo, su continuidad en el tiempo, es necesaria para cumplir su objetivo principal: el de garantizar la libertad y seguridad de todos. Asegurando su vigencia aseguramos la propia estabilidad y continuidad de los principios, normas y valores constitucionalmente reconocidos.

Suele decirse, con total rigor histórico, que la Constitución de 1978 ha sido la primera en nuestra historia que una parte del país no impuso a la otra parte. Fue la primera constitución que una parte de los españoles no impuso a la otra. Un cambio que introdujo la historia política española en la historia democrática.

La Constitución de 1978, aprobada primero por la casi totalidad de los diputados y senadores que participaron en las Cortes Constituyentes, y después por la inmensa mayoría de los ciudadanos en referéndum, supuso el primer gran paso para la convivencia en paz y en igualdad.

Hoy, treinta y un años después, podemos decir que los derechos y libertades recogidos en la constitución son una realidad firmemente consolidada. Y lo que es aún más importante: la Constitución ha instaurado en nuestro país una cultura de los derechos, una cultura del respeto y la protección de los derechos ciudadanos, que ha hecho posible que nuestro sistema de convivencia democrático sea perfectamente equiparable al de cualquiera de los países de nuestro entorno más cercano.

Es un éxito colectivo del que todos cuantos vivimos en España tenemos motivos para sentirnos legítimamente orgullosos. El que nuestros jóvenes consideren hoy los derechos y libertades públicos como una parte del día a día cotidiano constituye, quizá, la mejor prueba del avance espectacular que la democracia ha supuesto para España.

Durante este tercio de siglo, la Constitución ha sido nuestra mejor garantía en lo que se refiere a preservar los derechos de la salud, la enseñanza y el desarrollo cultural, y el mayor aval de estabilidad social y económica, aún en momentos difíciles como los que hemos atravesado.

Creo que merece la pena que dediquemos hoy unos instantes a reflexionar sobre cuánto ha aportado la Constitución a nuestra vida, porque sólo si somos capaces de enjuiciar con objetividad cómo ha evolucionado nuestra situación económica y social como país, estaremos en disposición, por un lado, de afrontar el futuro sabiendo profundizar en aquellos aspectos donde se ha avanzado en el sentido deseado y, por otra parte, de corregir aquellos otros aspectos que se hayan separado de los objetivos que la sociedad española se planteó en 1978.

La lectura de nuestra Carta Magna nos muestra, con absoluta claridad, las metas a cubrir en el terreno de las libertades, respeto de los valores culturales, derechos de asociación, no discriminación, protección jurídica y otros principios fundamentales.

Además de ello, la Constitución señala otros grandes objetivos a lograr en materias como la sanidad, la enseñanza y la cultura, la equidad en la distribución personal y geográfica de la renta, el nivel de vida y otras metas económicas y sociales.

Es obligado hacer esta reflexión histórica porque lo acontecido con anterioridad no sólo nos ayuda a comprender situaciones pasadas, sino que explica nuestro presente y, en muchos casos, va a condicionar los próximos cambios de nuestra sociedad.

El terreno de la educación es, posiblemente, uno de los que han alcanzado mayores logros en estas tres décadas. Así lo reconoce la Constitución en su artículo 27, que garantiza que todos tenemos derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza. De la misma manera, el artículo 27 recoge una premisa fundamental: que “la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita”, y que la educación debe tener “por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”.

Así, las tradicionales altas tasas de analfabetismo y de personas que apenas sabían leer y escribir pasaron a la historia y, lo que es más importante, el esfuerzo realizado por las propias familias, y por el conjunto de la sociedad española con la escolarización obligatoria y las ayudas de becas, entre otros, han conseguido el viejo sueño de que las personas lleguen a alcanzar estudios superiores en función de su mérito y esfuerzo personales.

En efecto, el hecho de que, en la actualidad, alcancen a realizar estudios superiores más de la tercera parte de los hijos de padres que ni siquiera concluyeron los estudios primarios, cuando tan sólo hace treinta años era
anecdótico el que esto ocurriera, constituye un logro importante en términos de justicia social y, además de ello, un factor importantísimo de equilibrio, puesto que la propia sociedad permite, de modo natural, que exista una importante movilidad educativa y ascenso en la escala social de los hijos, por humilde que haya sido el origen de sus padres.

Pero reconocer estos logros no es suficiente, sino que más bien hacen necesario que nuestros esfuerzos sigan en la misma línea para no perder cuanto hemos conseguido hasta el momento. La falta de centros escolares, de profesorado y de medios materiales pueden poner en peligro la continuidad de la educación pública de calidad y para todos, tal y como hoy la conocemos.

Resulta imprescindible, igualmente, abordar temas tan actuales como el de reducir los efectos del atraso escolar, evitar los abandonos del sistema educativo, erradicar la violencia en las aulas… asuntos apremiantes que debemos atajar y corregir con prontitud, y que son una tarea en la que todos debemos comprometernos: administraciones, profesionales y ciudadanos.

La Constitución Española también ha hecho posible que se produzcan avances destacables en lo que respecta a una sanidad que se ha universalizado y es gratuita para todos. En su artículo 43 se reconoce explícitamente “el derecho a la protección de la salud” y se establece que
“compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Puede decirse que el primer texto constitucional español donde se desarrolla de forma explícita el tema de la salud es el de 1978 y que nuestra Constitución no se limita a concebir la protección de la salud en el sentido tradicional de afrontar la enfermedad, sino que señala también una línea de prevención que se ve reforzada en otros artículos del Título Primero como por ejemplo el 50, que se refiere al establecimiento de un sistema de servicios sociales para que los ciudadanos de la tercera edad puedan ser atendidos en problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, y como el 51.1, que garantiza la defensa de los consumidores protegiendo la seguridad y la salud.

Además de ello, la Constitución, contempla la salud en un sentido amplio, trata en su artículo 49 de la obligación, por parte de los poderes públicos, de realizar una política de "previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

Estas preocupaciones por los problemas de las personas que tienen algún tipo de limitación para desarrollar sus actividades cotidianas y por las personas de la tercera edad hacen de nuestro texto constitucional uno de los más modernos y avanzados de los existentes, en especial después de la reciente definición de la Organización Mundial de la Salud, en la que se entiende ésta como el "estado completo de bienestar físico y mental".

En la actualidad, nuestro sistema sanitario cubre a la práctica totalidad de la población residente en España, concretamente al 99,8%. Desde 1978, el número de médicos ha aumentado en dos veces y media, el de diplomados en enfermería se ha multiplicado por 2,1 y el número de odontólogos y estomatólogos es 4,6 veces superior a los que había hace 31 años.
En lo que respecta a las mejoras generales, también merecen un análisis detenido: se han reducido los tiempos medios de estancia en hospital, se ha duplicado el número de camas geriátricas, la esperanza de vida ha subido hasta los 80 años, situándose entre las más elevadas de los países desarrollados, y la mortalidad infantil ha disminuido hasta el 0,5 por ciento.

A pesar de todos estos avances, que es justo reconocer, seguimos afrontando carencias que todos conocemos: la evolución de los equipamientos sanitarios no ha servido para paliar problemas ya crónicos como las listas de espera, y aunque cada vez es más frecuente que la atención hospitalaria se vea complementada con la que tiene lugar en los ambulatorios, los centros de asistencia primaria siguen construyéndose en los municipios con grandes demora y falta de profesionales y medios técnicos.

Mención aparte merece la Ley de Dependencia, porque afecta a las personas que más necesitan de un funcionamiento correcto y eficaz de los servicios sociales y del sistema sanitario. La carencia de residencias y de plazas en los centros de día, lo limitado de la asistencia domiciliaria y el hasta ahora inexistente pago de las subvenciones y ayudas ya cedidas por el Gobierno a las Comunidades Autónomas provocan una insuficiente atención de muchos ancianos y personas con algún tipo de minusvalía.

De la misma manera que ocurre con la educación, debemos seguir trabajando por mantener lo que ya tenemos y conseguir la sanidad pública que deseamos, una educación para todos, gratuita, de calidad y dotadas de las medidas preventivas y los medios técnicos y humanos necesarios.

En lo que se refiere a las mejoras de tipo social que la Constitución no ha aportado en sus 31 años de vigencia, uno de los aspectos que quisiera destacar es el cambio registrado en el papel que las mujeres desempeñan en la sociedad.

Aunque estos cambios van siendo perceptibles, todavía tenemos que desarrollar mucho todo lo que refiere al ámbito de la igualdad, cuando se observa el comportamiento de las mujeres más jóvenes se aprecia un cambio trascendental que está teniendo una enorme incidencia en el conjunto de la sociedad.

En efecto, que haya más mujeres que hombres cursando estudios universitarios, que por primera vez en nuestra historia se hayan igualado las tasas de actividad de las mujeres jóvenes con las de los hombres de sus mismas edades, que las mujeres comiencen, aunque todavía tímidamente, a ocupar puestos de relevancia y otros datos de similar importancia son síntomas evidentes de que la sociedad española está consiguiendo superar la discriminación de género.

En este camino de integración de la mujer en plena igualdad con el hombre, a pesar de los notables avances en estos treinta y un años, debemos reconocer y poner remedio al hecho de que todavía no se han satisfecho las aspiraciones constitucionales.

Por mencionar unos pocos ejemplos, las tasas de paro femeninas siguen superando las masculinas a todas las edades, el trabajo doméstico y el cuidado de niños y ancianos sigue reposando en la mujer en mayor grado que en el hombre y, en general, se aprecian aún ciertas barreras sociales que dificultan la realización de las mujeres en el doble ámbito familiar y laboral.

Una vez más, nuestra Constitución se muestra clarividente y se anticipa al futuro, tal y como demuestra el artículo 35, en el que se reconoce que “la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

También en materia de igualdad nuestra Carta Magna nos ha inculcado importantes valores y ha sido el marco en el que se han desarrollado derechos fundamentales hoy reconocidos y aceptados por todos.

En este mismo sentido, el artículo 13 garantiza que los extranjeros gozarán en España de las mismas libertades públicas que el resto de los españoles en los términos que establezca la ley. Son ciudadanos de hecho que disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos.

En 1978 residían en el extranjero 2 millones de españoles mientras que en España apenas se superaba la cifra de 150.000 residentes extranjeros. En estas tres últimas décadas, España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigración, con un incremento de población extranjera de casi tres millones

Tres millones de personas que, al igual que ocurrió con la población española que hubo de emigrar en otras épocas, han venido a nuestro país a buscar una vida mejor que la que tenían en sus países de origen. Tres millones de personas que suponen un enorme potencial y que contribuyen con su esfuerzo al enriquecimiento social, cultural y económico de nuestro país.

Debemos apostar, pues, tal y como nos indica la Constitución, por utilizar la diversidad de nuestra sociedad como una oportunidad para avanzar y convertirla en riqueza, competitividad y progreso para el país.

No hay que permitir que las diferencias culturales impliquen dificultades en el conjunto de la sociedad, sino que sea un valor añadido a ella. En otras palabras: hay que dejar de hablar del reto que supone la inmigración para hablar de la oportunidad que supone la diversidad.

Decía el otro día, y lo reitero hoy, que en Parla nadie es extranjero, todos somos ciudadanos. Ciudadanos con distinto lugar de procedencia, pero con los mismos derechos y obligaciones.

No podría concluir esta conmemoración de nuestra Norma Fundamental, y en especial este año en el que hemos celebrado el trigésimo aniversario de los ayuntamientos democráticos, sin hacer mención a la aportación fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos y su participación esencial a la vida pública. Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible.

Se cumplen, también, treinta y dos años desde que, por primera vez en décadas, se celebraron unas elecciones generales en libertad, unas elecciones sin las que no podría entenderse la España de hoy y fruto de las cuales nació la Constitución Española de 1978, una constitución avanzada, moderna y fruto del consenso y del diálogo de todos los españoles.

En su artículo 9 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, y que son las administraciones las responsables de remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Se trata, en definitiva, del ejercicio de la libertad.

Ya en su Preámbulo y en su Título Preliminar, la constitución contiene referencias al ejercicio de la libertad, al pluralismo político y a la participación y, son múltiples sus menciones a los derechos de sindicación, asociación y, en general, a cualquiera de los derechos que permiten la expresión individual o colectiva de las inquietudes ciudadanas de tipo político, social o cultural.

Desde esta misma institución que presido, siempre se ha defendido la idea de que la participación de los ciudadanos en democracia no debe limitarse a ejercer el derecho al voto en las diferentes consultas electorales, por importante que sea este ejercicio.

La participación ha de ser algo continuo, permanente, y para ello los ciudadanos pueden expresar a través de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones vecinales, colectivos sociales, culturales, educativos… independientemente de cualquier adscripción política o asociativa, y tanto de forma colectiva como de manera individual.

Tengo que decir que el comportamiento de los vecinos y vecinas de Parla, el vuestro, siempre ha sido ejemplar en este sentido. Son muchos los logros de nuestra ciudad desde que conseguimos con tesón y mucho esfuerzo la llegada del agua, y gracias a vosotros todo lo que tenemos hoy ha sido posible. Sabéis muy bien que infraestructuras como el hospital hubieran sido imposible sin vuestro apoyo.

Pero al igual que ocurre con la Constitución, no podemos detenernos en lo ya conseguido. Nuestra ciudad merece mejores dotaciones sanitarias y educativas, mejores vías de comunicación y transportes interurbanos, un campus universitario… El marco constitucional ampara nuestras reivindicaciones y nos anima a continuar con nuestras demandas.

Como habéis podido comprobar, nuestra Carta Magna profundiza en todos aquellos aspectos que nos permiten comprender no sólo nuestro presente, sino también el futuro que nos cabe esperar. Son muchos aún los retos pendientes de la sociedad española y, por lo tanto, también de nuestra ciudad.

El texto constitucional es, aparte de nuestra Norma máxima, la expresión de un ideal. Por eso, la medida de lo logrado hasta el momento, parecerá limitada a algunos y exagerada a otros, en función de los distintos grados de exigencia personal, pero estas divergencias de criterios siempre resultarán fructíferas porque en el debate está el germen del progreso. El dialogo y el consenso deben guiar nuestros pasos en el futuro, tal como lo han hecho en el pasado.

Muchas gracias.